El derecho fundamental a la consulta previa

Hace un par de semanas, me causaba bastante curiosidad como Darío Arizmendi en su tradicional programa “6 a.m. hoy por hoy” entrevistaba a los Ministros de Minas, Agricultura y Medio Ambiente, o como pregona el presidente Santos, “las tres locomotoras de la infraestructura del país”, en relación con el supuesto retraso en materia de ejecución de obras que está viviendo Colombia, por el presunto retardo en la realización de consultas previas a comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales y Rom.

Ante todo, es imperativo recordar que la Consulta Previa no es un permiso que debe pedir el Estado, es un derecho fundamental de carácter colectivo que tienen los pueblos indígenas y demás grupos étnicos cuando se van a hacer reformas constitucionales que los incluya, cuando se va a aprobar un tratado internacional que los mencione, en la elaboración de leyes, en la elaboración de actos administrativos (incluyendo contratos) y en la ejecución de obras, proyectos o actividades que tengan la posibilidad de afectar a las comunidades. Buscando a través de este derecho, proteger la integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación.

Como desarrollo de lo anterior, no sobra hacer una breve referencia de los fundamentos constitucionales y legales de la Consulta Previa en Colombia y en América Latina. En primer término, en el año de 1989, a través del CONVENIO 169 de la OIT, se estableció la obligación de consultar, como lo dice dicha disposición en su artículo 6º numeral 1 literal a), “los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Dicho convenio fue ratificado por Colombia a través de la ley 21 de 1991.

En segundo término, y me refiero al desarrollo jurisprudencial Colombiano. A través de las sentencias de la Corte Constitucional, se ha reiterado en diversas oportunidades que el CONVENIO 169 hace parte del Bloque de Constitucionalidad, y por esta razón hace parte del ordenamiento jurídico colombiano[1]. Adicionalmente, en la jurisprudencia constitucional se reiteran los requisitos de la Consulta Previa que fueron desarrollados por la OIT en sus artículos 6 y 7, como lo son la afectación directa a una comunidad, el deber de realizar la consulta de buena fe, la necesidad de que la consulta sea hecha por el gobierno y no por particulares, la protección de medio ambiente de los territorios habitados por pueblos y esencialmente que sea PREVIA, la consulta siempre se debe hacer antes de la ejecución de una obra, antes de la elaboración de una ley y antes de la elaboración de una acto administrativo.

No obstante, el Gobierno Nacional a través de sus Ministros y con el apoyo de algunos medios de comunicación, se han encargado de satanizar el derecho fundamental a la Consulta Previa. Sostienen que la consulta resulta excesivamente onerosa para el Estado, hasta declaran que a raíz de las innumerables consultas que se han tenido que hacer, que se tienen que hacer y que se deberán hacer, este país presenta un amplio atraso en materia de infraestructura.

Me surge inmediatamente un interrogante ¿Este país presenta atraso en infraestructura por culpa de las Consultas Previas? No será a raíz de un conflicto armado interno que lleva más de 50 años, no será que el atraso se presenta a raíz de problemas como las BACRIM, AGROINGRESO, falsos positivos, yidispolítica, parapolítica, cartel de la contratación, atentados terroristas y en fin, porque desde 1980 las carreteras y demás infraestructura vial del país, no han sido intervenidas por los sucesivos gobiernos, solo basta viajar de Bogotá-Santa Marta vía terrestre para comprobarlo.

No se puede hacer creer a todo el pueblo colombiano que los indígenas y los afrocolombianos son el obstáculo para el desarrollo del país, cuando esto es una falacia. El Gobierno ha venido diciendo que la Consulta Previa es muy costosa, y no es así, una consulta aproximadamente cuesta, de acuerdo con el Ministro de Minas y Energía entre 2000 a 6000 millones de pesos ¿Cómo decir que eso es costoso, con toda la afectación espiritual, social, cultural, económica y ambiental que se genera en los territorios y comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y Rom?

Finalmente, quiero reiterar que la consulta se constituye como una obligación legal y no una voluntad de los Estados o de los gobiernos. Lo que han buscado las comunidades indígenas y afrocolombianas, es apelar al derecho a la consulta previa para lograr la reivindicación y la protección de su territorio amparado constitucionalmente, ya que como está expuesto en la Carta de 1991, estamos en un Estado democrático, pluralista, multiétnico y pluricultural.


[1]Al respecto ver sentencias: “T-428 de 1992 (Resguardo indígena de Cristiania – Jardín, Antioquia),   SU-039 de 1997 pueblo indígena U’wa,  T-652 de 1998 – Pueblo Indígena Embera Katio, caso Urrá, C-169 de 2001 C-891 de 2002 – Sobre consulta del Código de Minas , SU-383 de 2003 – Consulta en el caso de fumigaciones y sentencia T-880 de 2006 – Pueblo Indígena Motilón Bari”