El Estado, el director de la orquesta

“ARTICULO 334. Modificado. A.L. 3/2011, art. 1º La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano… “

En lo referente al rol que desempeña el Estado dentro de la economía colombiana, la Constitución Política de 1991 le otorga la facultad legal de ser el director de la misma como se puede apreciar en el artículo anteriormente citado, que éste la ejerza es un asunto diferente.
Así mismo la Constitución establece los aspectos en los que puede intervenir que son prácticamente todos los que abarca la economía; buscando hacer efectiva esta intervención, el Estado crea una serie de instituciones a través de las cuales influye de manera directa o indirecta sobre la economía, participando de la misma o ejerciendo control. En esta instancia es importante recordar que no es lo mismo Estado y gobierno, al hablar del Estado se hace referencia al aparato burocrático o instituciones y no a los gobernantes y sus corrientes ideológicas.

Sin lugar a dudas unas de las instituciones estatales con mayor influencia directa sobre la economía son aquellas encargadas de ejecutar la Política Fiscal y la Política Monetaria, es decir, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco de la República. Siendo este último el ente estatal encargado principalmente de controlar la inflación y el que goza con mayor independencia del gobierno.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda no se limita únicamente al recaudo de los ingresos de parte de los contribuyentes, abarca también la planeación y destinación del gasto público, sin embargo, el nombramiento directo del jefe de esta cartera por parte del presidente, merma sustancialmente la autonomía de esta institución y es aquí donde surge la pregunta ¿el gobierno está ayudando al Estado a cumplir su papel de director de la orquesta económica del país teniendo en cuenta los fines que le dicta la Constitución? Una serie de factores hacen pensar que no.

Retornando a la definición citada anteriormente, el Estado tiene la potestad de intervenir en el uso del suelo pero una de las grandes confesiones que se obtuvieron con el pasado paro agrario es que el uso que se está dando al suelo no es el óptimo porque el gobierno ni siquiera sabe cuál es la realidad del sector agropecuario; es necesario hacer un censo nacional, reconoció el presidente. En consecuencia, esto no se le puede atribuir únicamente al gobierno actual, esta era una necesidad existente desde hace décadas y ningún gobierno tenía que esperar hasta que hubiera un “tal paro”.

Tampoco es claro que el gobierno persiga el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes ni la distribución equitativa de las oportunidades cuando el Ministro de Hacienda anuncia que no hay recursos suficientes para invertir en el agro en un país que es muy sensible en la parte rural. Pero, después del levantamiento de los campesinos en todo el país, se prometen subsidios con el fin de subsanar los efectos de años de políticas de libre mercado, las cuales varios de nuestros sectores no eran capaces de afrontar dada su baja competitividad.

Es igual de incomprensible que no solo no se entregaron subsidios o brindaron apoyos a los sectores más vulnerables de la economía preparándolos para el momento en que entraran a competir con mercados internacionales, sino que se decretaron normas como la resolución 970 del ICA que obliga a los campesinos a comprar semillas certificadas producidas por pocos agroindustriales (la mayoría extranjeros), ¿es esta realmente una distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo? Y aunque la respuesta a la interrogante anterior fuera positiva ¿cómo el decomiso y la destrucción de semillas constituye un aporte a cualquiera de esos mandatos de la constitución? Es una contradicción indignante que el presidente salga a “llorar sobre la leche derramada” durante el paro agrario, proponiendo salidas como que esta leche sea vendida al ICBF (que además ha preferido productos lácteos extranjeros por sus bajos precios[1]) y no vertida en las carreteras, mientras permite que el ESMAD destruya bultos de semillas.

Medidas como la anterior se adoptaron por el afán de firmar tratados de libre comercio con países como Estados Unidos y aquellos pertenecientes a la Unión Europea, sin embargo, los resultados obtenidos hasta el día de hoy han sido contrarios a los anhelados y anunciados por el gobierno. Los efectos eran previsibles dado el antecedente de la apertura económica, un país como Colombia, con serias deficiencias en infraestructura y un olvido histórico de lo rural, no se encontraba, ni se encuentra ni se encontrará en condiciones de competir con economías que no solo no enfrentan estas deficiencias sino que además subsidian sus diferentes sectores.

Por otra parte, a pesar de que el Estado tiene la facultad de explotar los recursos naturales, la delega a empresas extranjeras sin siquiera establecer una regulación que garantice la sostenibilidad del medio ambiente; la contaminación con mercurio por ejemplo, no solo es nociva para el medio ambiente, también para los seres humanos puesto que consumimos peces intoxicados y agua contaminada con este elemento, la regulación en esta materia fue tardía.
Cabe preguntar también por qué en este tema una de las intervenciones del gobierno consiste en gravar a todos los consumidores de gasolina para subsidiar las exploraciones de una empresa que ya no es totalmente pública como es Ecopetrol.

En lo referente a la intervención estatal en servicios el panorama no es mucho más alentador si recordamos el caso de InterBolsa, que siendo en su momento la comisionista más grande del país, enfrentó problemas de liquidez y para solventarlos centró su estrategia en el uso de operaciones conocidas como repos (compra y venta de títulos valores para obtener liquidez) enfocándose en la acción de la textilera Fabricato. Mala decisión, pero también una clara falta de regulación por parte del Estado que, de tener controles más estrictos, hubiera podido evitar el detrimento que causó la liquidación de esta compañía.

Se puede concluir entonces que en el éxito o fracaso de los diferentes sectores de la economía uno de los principales responsables es el Estado. Me atrevo a pensar que hoy en día el Estado (tan permisivo como es) es como la mano invisible mencionada por Adam Smith, pues genera las condiciones legales ya sea por acción o por omisión, para dejar hacer y dejar pasar. Sin importar en qué grado esté cumpliendo el Estado su función de director de la economía, los gobiernos tienen que entender que la verdadera misión que este tiene es regular constantemente e intervenir cuando es necesario.

Por Andrés Santana: @Andressantana55

 


[1]Informe de vigilancia superior a la contratación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Bogotá, D.C. Agosto 2011.
Imagen cortesía de Uber Snoofer