La crisis de la salud en Colombia

La crisis que se presenta en el sector de la salud en Colombia no es un problema reciente, sino es la consecuencia de años de corrupción, aumentos incontrolados en los precios de los medicamentos, malversación de dineros públicos, cobros y pagos fraudulentos, destinación de recursos públicos a sectores que no tienen que ver con la salud sino con sectores privados, combinado con falta de gerencia, regulación e intervención estatal.

A partir de la vigencia de la ley 100 de 1993, los indicadores de salud desaparecieron como referentes de política, el discurso, las acciones y las evaluaciones se han centrado en los balances financieros, en la sostenibilidad financiera del sistema, en los flujos de caja, en los recobros. La información se constituyó como bien privado y como factor de competencia, de modo que el sistema de decisiones se basa más en argumentos interesados y en presiones de poder, que en la base fáctica y experiencial de amplios grupos de ciudadanos y de la academia independiente.

En relación con lo precitado, cabe resaltar que el literal C del artículo 156 de la ley 100 de 1993 establece como característica básica del Sistema General de Seguridad Social que todos los afiliados (tanto del régimen contributivo como del subsidiado) recibirán un Plan Integral de protección de salud, con atención preventiva, médico-quirúrgica y medicamentos esenciales, que será denominado Plan Obligatorio de Salud (POS). Sin embargo, en la práctica esto suena más a una utopía o ilusión que a una realidad que debería ser de obligatorio cumplimiento.

Verbigracia de lo anterior, se materializa en las constantes negativas por parte de las EPS en la prestación de servicios quirúrgicos y en mayor cantidad, en la negativa a otorgar medicamentos esenciales para diferentes enfermedades, como lo son enfermedades terminales, que sólo pueden ser tratadas con medicamentos específicos, que muchas veces estando dentro del POS, son negados por falta de presupuesto de las EPS, o por sostenibilidad financiera, que en pocas palabras quiere decir, que si una persona está enferma y necesita un medicamento específico, se le otorgan medicamentos similares mucho más económicos, que no tienen la misma composición química, con el fin de otorgar a otras personas medicamentos económicos que funcionan en enfermedades no terminales.

La Corte Constitucional, ante el evidente problema relacionado con la negativa en la prestación de los servicios de salud por parte de las EPS, tanto en situaciones incluidas dentro del POS, como en el acceso de servicios no contemplados dentro del POS, en la mítica sentencia T-760 de 2008, declaró como fundamental el derecho a la salud, lo que equivale a decir que se puede interponer una acción de tutela directamente por violación del derecho a la salud, como contraposición de lo ocurrido antaño, en donde se interponían tutelas cuando realmente estaba en peligro el derecho a la vida, es decir por violación del derecho a la salud, pero en conexidad con el principio consagrado en el artículo 11 de la Carta de 1991.

Sin embargo, el grave problema de la salud no se solucionó con esta y posteriores sentencias, sino por el contrario, es un hecho notorio que se ha agravado en los últimos años, por cuanto la disponibilidad financiera y fiscal del Estado no está organizada para cumplir con todas las tutelas falladas a favor de los peticionarios e incluso con los servicios que se prestan sin necesidad de acudir a la vía judicial, por cuanto el Estado no administra los recursos del sector salud, sino que los delega al manejo de las EPS, que han venido siendo el mayor foco de corrupción y malversación de dineros públicos.

Así es como la deuda sanitaria del país no se puede reducir a hablar de dinero, la crisis, más bien el acumulado de crisis, es en esencia una manifestación de la incoherencia e inconveniencia de un modelo de gestión de los recursos de salud que privilegia la rentabilidad de los negociantes de la salud por encima del interés público y del derecho constitucional a la salud; mientras no se desmonte definitivamente este modelo ningún recurso adicional será suficiente y ninguna política pública de salud será sostenible.

Con la reforma a la salud que está debatiéndose en el Congreso para ser ley de la República[1] no se va acabar este caos, por el contrario auguro que si no se hacen cambios sustanciales en el texto, se va a incrementar la crisis, por cuatro razones fundamentales:

  • Se mantiene y fortalece el negocio de la salud, se empeora lo contemplado en la Ley 100, permitiendo la transformación de las EPS en Gestoras de Salud, otorgándoles un papel dominante en el sistema, es así como los recursos públicos se siguen manejando por particulares.
  • Se deja en manos del principio de sostenibilidad fiscal la inclusión de procedimientos, medicamentos y tecnologías[2].
  • El nombramiento de los gerentes o directores de las Empresas Sociales del Estado será de libre nombramiento y remoción por parte de la autoridad nacional o territorial competente, con lo cual se mantendrá el clientelismo y politiquería que se han encargado de malversar las arcas Estatales[3].
  • Pretende pauperizar la formación y el ejercicio de las especialidades médico quirúrgicas, al otorgar la facultad a los hospitales de titular, en contravía de lo establecido en la ley 30 de 1992.

Finalmente, considero que el sistema de salud colombiano requiere ser repensado, redimensionado y que es imperativo reformular el método como se administran los recursos, la forma de capacitación de nuestros médicos, reevaluar algunos principios, como el de sostenibilidad fiscal, con el fin de brindar servicios y medicamentos a nuestros enfermos. De igual manera, este es un asunto que no puede ser discutido solamente por el Gobierno en cabeza del Ministro de Salud y por el Congreso, sino que debe haber mayor inclusión social, una reforma a la salud que busque tener un impacto favorable en la sociedad debe estar concertada además del poder legislativo y ejecutivo, por médicos especialistas y no especialistas, directores de facultades de medicina, estudiantes, abogados con experiencia en el sector salud, por la Corte Constitucional, organismos de control (Contraloría y Procuraduría), la Defensoría del Pueblo, las agremiaciones de la salud y sin ninguna duda usuarios, tanto del régimen contributivo como del subsidiado, para enfocar y encaminar una reforma que garantice y proteja verdaderamente el derecho fundamental a la salud.

 

Yair Fonseca Alfonso: @YairFonseca
Abogado Universidad del Rosario


[2] Principios del Sistema. El artículo 153 de la Ley 100 de 1993 quedará así:“Artículo 4. Son principios del Sistema General de Seguridad Social en Salud los siguientes: Sostenibilidad. El Sistema financiará, con los recursos destinados por la ley, los servicios y tecnologías de salud que éste reconoce, siguiendo criterios para su flujo efectivo. Las decisiones que se adopten en el marco del Sistema deben consultar criterios de sostenibilidad fiscal

[3] Artículo 64. Nombramiento de gerentes o directores de las Empresas Sociales del Estado y conformación de juntas directivas. Los gerentes o directores de las Empresas Sociales del Estado serán de libre nombramiento y remoción por parte de la autoridad nacional o territorial competente