La justicia en contra de ella misma

La constitución colombiana le permite a sus ciudadanos manifestar sus inquietudes de manera pacífica cuando sienten que se están cometiendo atropellos en contra de sus derechos. Esta posibilidad de protestar pacíficamente contribuye, por lo menos en la teoría a la debida aplicación de la justicia en todos los niveles de la sociedad. Sin embargo, cuando los que reclaman por los suyos son aquellos que tienen la labor de preservar la justicia, parece que no es tan claro que este método aporte al deber constitucional.

Desde el pasado 11 de Octubre, el país entero ha tenido que darse cuenta que la igualdad social a veces va en contra de ella misma. El paro judicial que está ocurriendo en este momento es un proceso que busca la nivelación salarial para los empleados de cargos “medios” de esta rama. Esto es totalmente válido si se tiene en cuenta que en veinte años no se han ajustado los salarios y también si se entiende que todas las personas, en especial los asalariados, evalúan constantemente la objetividad de la retribución que reciben a cambio de las labores que desempeñan.

Ahora, el clamor de los funcionarios en paro por unas condiciones salariales más justas ha llevado a que la misma justicia no esté cumpliendo sus propios deberes. Tristemente muchos procesos que estaban en distintas etapas no pudieron continuar porque no hay quien los desarrolle, desde el punto de vista operativo y administrativo, y personas consideradas como culpables quedaron en libertad. Esto ha generado ahora otra problemática y es la indignación del pueblo colombiano por la impunidad que se vive en estos momentos. A parte, hay muchos sectores de la sociedad que no solamente van en contra del paro sino que la situación de “injusticia” los ha llevado a repudiar a aquellos que dicen que se está cometiendo una verdadera “injusticia”. Esta inconformidad ha generado que muchas personas y organizaciones se quejen abiertamente, lo que lleva a una contra protesta por los casos que se quedaron sin resolver y por los que se van a quedar así, si no termina de una vez por todas el paro.

Aquí entramos entonces a la situación (que no debería ocurrir) en donde los intereses chocan entre ellos, causando un cambio en la mentalidad, luego lo que se consideraba positivo para todos entra a ser subjetivo y la definición en este caso de justicia se vuelve algo individual, algo que depende de la posición de cada persona. Serio problema para la sociedad y el gobierno porque ahora hay que entrar a negociar para que todos tengan su tan anhelada justicia desde el punto de vista de sus necesidades y sus derechos. Lo que empezó como una petición formal (justa) por un inconveniente laboral es ahora una crisis social y política en donde al parecer todos tienen razón pero no se ve una solución que pueda demostrar que hay un bien común.

Se crea así un interrogante: ¿Quién realmente tiene la culpa? Por un lado el gobierno y la sociedad (por lo menos en su mayoría) ven a los empleados de la rama judicial como funcionarios públicos irresponsables por dejar sus labores de lado, labores que son fundamentales para el desarrollo de una nación. Por otro lado, la rama judicial y aquellos que tienen afinidad con su problemática ven al gobierno como un ente igualmente irresponsable por el incumplimiento en el ajuste salarial y por la incapacidad operativa a la que apelan los manifestantes.

Pero por favor! La implacable búsqueda de culpables y la importancia que le han dado los medios de comunicación al tire y afloje entre las partes, le ha hecho olvidar a varios sectores del debate algo que ni siquiera se debería mencionar, por ser obvio, y es que la justicia bajo ninguna circunstancia es negociable ni evitable. Ahora le ha tocado a los familiares y a las mismas víctimas, mostrar la realidad y la gravedad de la situación con sus casos sin resolver, lo que se debe combatir es la indiferencia contra la impunidad. Para ello es necesario comprender que las condiciones salariales eficientes y equitativas optimizan el desarrollo de los procesos al interior de las instituciones públicas y privadas pero también que lo que une a todas las ramas del poder público es evitar que el bienestar individual prime sobre el bienestar social, porque de no ser así, los esfuerzos por llevar a término los procesos judiciales y dictar justicia se perderán. Lo único que quedará será la zozobra, el malestar social y la evidencia de que en Colombia hay incentivos a delinquir, pasar por alto las leyes y la constitución.

Por Héctor Mantilla: @hmantilla0925