Las víctimas y el Proceso de Paz

Los colombianos como víctimas directas o indirectas de la violencia en Colombia por más de medio siglo, la cual ha atormentado el devenir cotidiano en nuestras vidas, queremos poner fin a la guerra y para lograrlo nos encontramos con las actuales negociaciones de un proceso de paz con la guerrilla, el cual indiscutiblemente debe ser apoyado.

En esta oportunidad quiero enfocar este escrito en relación con el papel de las víctimas en las negociaciones y para ello resalto y enfatizo su derecho a una reparación integral, que a la vez constituye una obligación para el Estado, como lo son: indemnización, garantías de satisfacción y medidas de no repetición (disculpas públicas, investigación y sanción de los responsables, obras y homenajes a las víctimas, entre otras) y medidas de rehabilitación (atención médica y psicológica). En este sentido, también constituye reparación la participación y vocería de las víctimas en el Proceso, como agente visible, y es claro que el éxito de la obtención de la paz en virtud de un proceso de negociación, en parte, se evidencia en la medida que son reparadas las víctimas.

Es importante reconocer las lecciones aprendidas para no repetir los errores del pasado, un ejemplo claro es el proceso de justicia y paz, en el cual se “desmovilizaron” las autodefensas colombianas y se comprometieron a reparar a sus víctimas, pero en la actualidad ello no ha sido cumplido, dado que, miles no han conocido la verdad y no existen sentencias condenatorias para los responsables de los hechos, es decir, no se ha otorgado la reparación integral. Ello significa un incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado, y por ende compromete su responsabilidad internacional, pudiendo ser condenado por Tribunales Internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por ello, con el fin de no repetir los malos episodios en la historia de Colombia sobre procesos de justicia transicional y que el Estado no sea condenado por Tribunales Internacionales, no puede permitirse que las víctimas queden desposeídas de sus derechos, el Estado no puede incumplir ni desconocer sus obligaciones internacionales, como la prohibición de amnistías. En este sentido, si bien, hasta el momento solo existe el acto legislativo 01 de 2012 que establece instrumentos jurídicos de justicia transicional y falta la creación de la ley estatuaria que regule el proceso específicamente, es en este momento que se debe velar por la reparación integral, por escuchar, discutir y darle vocería a las víctimas, para que se sientan representaras y con participación en una negociación que los incluye directamente.

Además, no se puede avalar la creación de normas jurídicas contrarias a los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, normas que esencialmente permitan la impunidad y la revictimización, ya que en un futuro la Corte Interamericana puede declarar inconvencional dichas normas, lo que significa ser contraria a la Convención y dejarla sin efecto, como lo hizo con Perú, Brasil y Argentina por dar ejemplos. En el caso que eso ocurriera se generaría inseguridad jurídica y un problema social, político y económico enorme dentro del país. Lo anterior, eventualmente puede suceder con la ley 975 de 2005 “ley de justicia y paz” y es aquí donde nos preguntamos ¿qué pasaría con todos los procesos e investigaciones judiciales que cursan contra los desmovilizados? ¿Cuál sería la situación jurídica de las personas que fueron condenadas a una pena de 8 años y ya la pagaron? Y así, surgen muchos interrogantes a partir de los líos jurídicos que se derivan de esta hipotética situación.

Por lo anterior, es aceptable, aplaudible y apoyado un proceso de paz que se ajuste a los criterios internacionales de justicia transicional y que le de participación a las víctimas y las repare integralmente como principales afectados por la guerra, pero no lo es, si busca implícitamente impunidad y revictimización.