Los retos del nuevo proceso de paz con las FARC

A finales de septiembre la Presidencia de la República expidió un comunicado de prensa en el que confirmaba la existencia de acercamientos con la guerrilla de las FARC en miras a un eventual proceso de paz. Este proceso está dando inicio justamente esta semana.

Con ese comunicado la Presidencia acalló los rumores (provenientes por ejemplo del “trino” opositor del expresidente Uribe) que había sobre supuestas conversaciones “por debajo de la mesa” del gobierno con este guerrilla, al confirmar y dar detalles sobre la existencia de estos acercamientos. Al mismo tiempo el comunicado revivió lo que para unos es esperanza y para otros simple expectativa escéptica: la posibilidad de encontrar una solución definitiva al conflicto por la vía política.

Para varios analistas este era el paso lógico a seguir después de una serie de logros importantes en años recientes en la lucha contra los grupos armados ilegales. En efecto con la baja de los principales líderes del Secretariado de las FARC (en particular de algunos poco propensos a la negociación política como “el Mono Jojoy”) y con golpes como la Operación “Jaque”, que desencadenó deserciones masivas de guerrilleros desmoralizados, la posición estratégica y política del gobierno está fortalecida en comparación con las vísperas del  proceso de paz iniciado por el presidente Pastrana en 1998. Para muchos las negociaciones debían empezar más temprano que tarde, en especial frente los esfuerzos recientes por parte de la extrema derecha de crear un sentimiento generalizado de inseguridad y debilitamiento de las fuerzas militares.

Este es precisamente el tema que quiero tocar en esta editorial. Existen fuerzas diversas que, desde distintos extremos del espectro ideológico y desde distintas esferas del poder, se constituyen hoy en los principales enemigos de la búsqueda de la paz por el camino del diálogo.

En los últimos años ha habido un auge importante en la literatura académica que busca evaluar las consecuencias económicas y sociales de los conflictos armados y de la violencia. Colombia no ha sido ajena a esta tendencia y existen varios estudios que buscan cuantificar los costos del conflicto. La literatura ha identificado un conjunto amplio de mecanismos a través los cuales el conflicto violento afecta el desarrollo económico: la guerra destruye el capital físico y la infraestructura pública, desvía recursos de inversiones productivas hacia actividades extractivas o de defensa, obstaculiza la acumulación de capital humano y genera incertidumbre que desincentiva la inversión privada. Además, el conflicto deteriora la confianza en las instituciones y el capital social.

Pero los efectos socioeconómicos perversos del conflicto no ocurren en todos los campos productivos y, de hecho, pueden ser contrarrestados por las oportunidades de enriquecimiento que surgen a partir de éste, pues algunos sectores se benefician de la existencia y prevalencia de un conflicto. Ejemplos obvios incluyen las industrias de producción y tráfico de armas o de insumos militares en general, los servicios de protección y de seguridad y, por supuesto, la producción y el tráfico de sustancias ilegales. Además, negocios específicos encuentran en ambientes violentos oportunidades para obtener mejores contratos y condiciones de inversión favorables, en contextos donde la autoridad del estado se encuentra debilitada. En Colombia, por ejemplo se ha hablado del despojo de tierras por parte de grupos paramilitares, que después son apropiadas por empresarios de la agricultura extensiva y la ganadería.

Segmentos de la población civil también se pueden ver beneficiados con las circunstancias particulares de la guerra. En zonas de conflicto surgen grupos de colaboradores que derivan rentas materiales, acceso privilegiado a mercados, protección y poder a cambio de actividades de apoyo a los grupos armados. El desmantelamiento de economías de guerra también afecta a la población civil en regiones donde un porcentaje grande de estas está vinculada con la economía ilegal, como es el caso de los cultivos ilícitos.

A las rentas económicas del conflicto hay que sumar las rentas políticas. En Colombia una proporción grande los aspirantes a cargos públicos de jurisdicción nacional y local en los últimos años ha sido acusada y en varios casos condenada por vínculos con grupos armados ilegales, especialmente fuerzas paramilitares. Se trata de una colusión perversa mediante la cual se intercambian votos (asegurados mediante fraude y coerción violenta) por participaciones en el presupuesto municipal (en el caso de alcaldes) y una legislación favorable (en el caso de congresistas).

Otros análisis apuntan a la falta de interés de algunos sectores de las fuerzas militares de que el conflicto llegue a término, ya que esto necesariamente significaría un redireccionamiento del exceso de gasto militar y en defensa en el mediano plazo, reduciendo sus rentas y poder. Por otro lado, un estudio reciente sugiere que, al haber sido elegido como el candidato más idóneo para derrotar militarmente a la guerrilla, el expresidente Uribe nunca tuvo incentivos para cumplir con este mandato, ya que esto hubiera significado perder su ventaja comparativa electoral.

Así, la existencia de ganadores económicos y políticos del conflicto se convierte en uno de los principales obstáculos para alcanzar la paz por el camino de la negociación. La guerra es un negocio para algunos, el único medio posible de subsistencia para otros, y una importante fuente de poder político para otros. Esto sugiere que el esfuerzo por conseguir la paz no carecerá de opositores y saboteadores. La búsqueda de la paz debe anticiparse a dicha oposición, y saber que esta vendrá por parte de segmentos distintos de la sociedad que no querrán que el conflicto finalice. Este es uno de los principales obstáculos para erradicar definitivamente el conflicto y por eso esta editorial quiere llamar la atención sobre ello.

Por Juan Fernando Vargas: @juanf_vargas