Minería: riqueza y daño ambiental

Los negocios de explotación minera constituyen un dilema económico-ambiental, pues si bien está comprobado que representan uno de los sectores generadores de mayor desarrollo y riqueza, igualmente son productores de daños ambientales donde quiera que se lleven a cabo. La prosperidad que genera la minería favorece tanto a los inversionistas como al gobierno, que impulsan y cobran impuestos y regalías produciendo bienestar y desarrollo socio-económico regional, sólo en la manera que sean bien invertidos.

En efecto, en nuestro país el actual Gobierno del Presidente Santos, dentro de su Plan de Desarrollo para la Prosperidad, ha seleccionado a la minería como una de las locomotoras de desarrollo, al igual que el transporte, la vivienda y la actividad agropecuaria. Es así como estadísticas recientes del DANE, muestran que del total de las exportaciones que hace el país y el que al mes de julio del presente año ascendieron a 35.000 millones de dólares, el 50.2% están relacionadas con el sector minero-energético.

Colombia presenta una gran riqueza minera, estando probadas las altas reservas de oro en Chocó, Antioquia, Tolima, Santander, Caldas, en el Andén Pacífico, Orinoquía y Amazonas; de ferroníquel en Córdoba y de carbón en Boyacá, Cesar y en La Guajira. Sin embargo, existen otros minerales como hierro, azufre, sal, calcita, barita, cobre y el conocido coltan, de gran demanda internacional, que se explota ilegalmente.

Por otro lado, también está aprobado que la minería constituye uno de los sectores, por no decir el que más daño causa al medio ambiente, siendo señalado como una actividad no ambientalmente sostenible, ya sea que se realice en pequeña escala (minería artesanal legal o ilegal) o en mediana y gran escala, que llevan a cabo las multinacionales que invierten en la explotación de carbón, oro y ferroníquel. La minería “a cielo abierto” destruye la cubierta arbórea-vegetal, el suelo orgánico, contamina los cuerpos hídricos y su vida acuática por la acción de los sedimentos y químicos empleados. Asimismo, produce contaminación del aire, con afectación a la salud de la población localizada en sus áreas de influencia directa y aún la ubicada a lado y lado de los corredores férreos por los que se transporta. También se altera drásticamente el paisaje natural por la deforestación y grandes socavones de tierra que se realizan con maquinaria pesada. A este propósito valga la pena notar, que el implemento de gran cantidad de maquinaria determina la baja generación de empleo o mano de obra por parte de la minería.

El gran impacto ambiental está ligado a deficiencias en el cumplimiento de las funciones institucionales que deben llevar a cabo las autoridades ambientales del Gobierno, llámese Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Corporaciones Autónomas Ambientales Regionales – CAR. Incluso, los gobiernos departamentales y municipales, en conjunto, no son eficientes en la planificación y ordenación del territorio, deberían minimizar los daños ambientales y velar porque se cumplan los planes con los que están comprometidas estas empresas.

Es relevante señalar que el Gobierno del Presidente Santos ha cometido un error por imprevisión o falta de planificación; resulta que como una gran realización del país a la última Cumbre Ambiental Rio+20, llevado a cabo en julio de 2012, difundió una resolución por la cual se crea el Área Estratégica Minera del Amazonas que cubre 17 millones de hectáreas, constituyendo esta declaratoria un exabrupto por la riqueza en biodiversidad que presenta toda esta región. Por algo ha sido declarada como pulmón del mundo, es decir, sin existir un estudio y zonificación previos se pretende poner en riesgo la biodiversidad y ecosistemas amazónicos. Afortunadamente, el ex-ministro Pearl, antes de dejar el cargo y presionado por los llamados de atención de los diversos especialistas y organizaciones del país, decidió expedir un acto administrativo suspendiendo cualquier actividad minera hasta que se realice un estudio serio de ordenamiento ambiental regional. Con esta decisión, se podría decir que “se salvó” la Amazonía del impacto minero, hasta nueva orden.

Entonces, ¿ante el dilema: desarrollo minero o preservación de nuestra riqueza biodiversa y ecosistemas productores de bienes y servicios ambientales, qué hacer? Retomando lo recomendado por ambientalistas, investigadores y aún por empresarios inversionistas dispuestos a respetar el medio ambiente, lo llamado a aceptar e implementar es la puesta en práctica a nivel nacional de un verdadero desarrollo sostenible. En estas condiciones, la minería solo se puede llevar a cabo, previa planificación y licenciamiento ambiental, invirtiendo y aplicando obras  que establezca el plan de manejo, respetando, por ser intocables, los sistemas de áreas protegidas, parques nacionales, páramos, reservas, cuerpos lagunares, y sitios turísticos.

El empresario minero debe tener en cuenta e incorporar a su presupuesto financiero, todo el costo que exige el cumplimiento del plan de manejo ambiental y social, establecido en la licencia respectiva, comprometerse durante todo el tiempo de explotación a ejecutar las medidas de compensación y al finalizar la extracción en los frentes mineros, a su restauración. Las acciones ambientales no pueden ser sólo de papel, son costosas y necesariamente deben ser parte fundamental del Presupuesto Financiero Minero, para su cumplimiento.

Por su parte el Gobierno, por intermedio de la Autoridad Ambiental, deberá optimizar y fortalecer instrumentos y mecanismos de planificación y zonificación ambiental, en una secuencia y escala: país, región, territorio municipal, para que el minero y cualquier otro generador de prosperidad, previamente conozca donde puede desarrollar sus proyectos. A la par, estas autoridades deben reforzar la supervisión ambiental minera, siendo muy estrictas en el cumplimiento por parte de los empresarios, de las exigencias y compromisos ambientales que les evite sanciones o inclusive la clausura de sus negocios.

Finalmente, pienso que sí se debe llevar a cabo esta actividad económica, y no dejarla de lado, ya que representa gran parte del manejo y trato de materias primas en nuestro país. No obstante, este proceso deberá realizarse siempre y cuando se garantice el respeto y la protección hacia el medio ambiente; no olvidando en este caso, que el pulmón del mundo es la prioridad.