Proteccionismo Anti-Pobre y Anti-Industria

Durante las últimas semanas el Paro Agrario ha sido capitalizado por opositores de la agenda comercial del país para irse lanza en ristre contra el libre comercio. No sólo en el sector agrícola sino también en otros sectores. El clamor por la interrupción de la agenda de inserción de la economía colombiana en el mercado global frecuentemente viene acompañado de justificaciones de tipo social, como la defensa del ingreso de los más pobres o la defensa del empleo y de la industria. En realidad, la liberalización que se critica no es de la magnitud que se dice y la protección de la que gozan sectores agrícolas y algunos sectores industriales no sólo es ineficiente sino que también es inequitativa, regresiva, anti-pobre y anti-industria. Tomaré dos ejemplos: el sector arrocero y el sector de la metalurgia.

El sector arrocero goza de un arancel de 80% y de una multitud de barreras no-arancelarias. Desde la crisis con la CAN de 2008 la frontera ha estado prácticamente cerrada usando como pretexto preocupaciones fitosanitarias e imponiendo medidas que han sido condenadas en repetidas ocasiones por el Tribunal Andino de Justicia y sujetas a sanción. Dentro del marco del TLC con Estados Unidos, se negoció un periodo de desgravación de 19 años, con un periodo de gracia de 6 años. Parece claro que el sector arrocero no está sujeto al “libre comercio.” Es más bien cerrado. ¿Quién se beneficia de esta protección? ¿Quién paga el costo? ¿Por qué existe en primer lugar?

El efecto del arancel y otras medidas proteccionistas es aumentar el precio del arroz, disminuir el consumo y transferir excedentes de los consumidores hacia los arroceros. Las rentas así generadas se las apropia principalmente el dueño de la tierra, el factor escaso, al ser el arroz un sector poco intenso en mano de obra y más bien intenso en tierra. ¿Quiénes son los consumidores de arroz? Principalmente los hogares más pobres para quienes el arroz es fuente de 40% de sus calorías y representa una fracción importante de su canasta de consumo. En cálculos recientes de Fedesarrollo y el DNP se encontró que un aumento de 20% en el precio del arroz arrastraría a alrededor de 400,000 personas adicionales bajo la línea de pobreza y unas 100,000 bajo la línea de indigencia.

¿Por qué persisten estos esquemas? La explicación desde la escuela de la escogencia pública, o economía política, la encontramos entre otros en Mancur Olson y su obra “The Logic of Collective Action”. Los costos se reparten entre muchos, todos los consumidores de arroz que pagan un sobreprecio, mientras que los beneficios los disfrutan unos pocos, la minoría de colombianos que están en el negocio de sembrar arroz. Los pocos beneficiados, en este caso principalmente grandes latifundistas dueños de la tierra, tienen incentivos para invertir en lobby, influir en la política comercial y proteger sus beneficios.

En otros sectores pasan cosas similares: el 14 de Julio de 2013, Acerías Paz del Río S.A solicitó ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo una salvaguardia general de un arancel de 35% a las importaciones de alambrón de acero. La petición de salvaguardia en el contexto de la normativa vigente sobre el tema en la OMC se sustentó en las siguientes observaciones: aumento en las importaciones de alambrón de alrededor de 55,000 toneladas a 100,000 toneladas entre el primer semestre de 2010 y el segundo semestre de 2010; disminución de partes de mercado de Acerías Paz del Río con ganancias en participación de productores de México y Trinidad y Tobago; disminución del precio coincidiendo con el aumento de importaciones; deterioro de los indicadores financieros y económicos de Acerías Paz del Río como consecuencia de esta evolución en el mercado del alambrón y la disminución del ingreso de ventas.

Si bien estas medidas pueden favorecer a Paz del Río, dado que el alambrón es usado en multitud de industrias que verán sus costos de producción aumentar, será la industria la que pague el costo de la medida. ¿Tiene sentido proteger a Acerías Paz del Río a costa de toda la industria? ¿No queremos una industria más dinámica? ¿Queremos transferir recursos de la industria para subsanar las falencias de productividad de Paz del Río?

La escuela de la escogencia pública ayuda a entender los procesos de formación de la política económica. Grupos de interés, con recursos y bajo costo de oportunidad de sus fondos (limitadas oportunidades de inversión en sus industrias poco productivas) tienen la capacidad y los incentivos de buscar beneficios gubernamentales. La inmensa mayoría atomística y dispersa asume el costo y no tiene la capacidad ni los incentivos para organizarse. Estas transferencias hacia grupos particulares pueden ser la opción de política que escojamos. Pero dejemos claro quiénes son los verdaderos beneficiarios y dolientes de estas opciones.

Por Daniel Gómez Gavíria
Investigador Fedesarrollo
@dgomezco