Reforma Tributaria: Vicios Privados, Virtudes Públicas

 

El Ministro de Hacienda manifiesta que la reforma va dirigida a enfrentar dos problemas estructurales de la economía colombiana: la desigualdad y la informalidad. La reforma propende por mejorar el recaudo de forma tal que sea posible financiar programas redistributivos cuya efectividad parece estar demostrada: las transferencias condicionadas (léase Familias en Acción). Por otra parte, dado que los parafiscales se consideran una barrera a la generación de empleo formal, se propone trasladar parte de ellos al asalariado, de forma tal que el empresario no deba asumirlos.

Como muchas otras abstracciones teóricas que han hecho carrera en la política económica colombiana (¿AIS?), esta argumentación tiene, al menos, coherencia interna. Pero tal y como ellas, parte de grandes falacias. La primera es que no es a través del gravamen al ingreso laboral que puede combatirse la desigualdad. La elevada desigualdad del ingreso en Colombia no está -irónicamente- explicada por el ingreso laboral. Son las rentas al capital y a la propiedad lo que explica nuestra elevada desigualdad, y el hecho de que nuestro sistema educativo carece de pertinencia laboral, competitividad y movilidad social. Adicionalmente, la política tributaria reciente ha mostrado ser regresiva: las concesiones tributarias otorgadas al empresariado ascienden a una pérdida recaudatoria de cerca de 25 billones de pesos, de acuerdo a un sesudo estudio reciente del Banco Mundial. Finalmente, la reforma no enfrenta la tributación a la propiedad, en particular a la propiedad rural.

El aspecto de informalidad es algo más complejo. En Colombia resulta imposible hacer un juicio de responsabilidades en la política pública. Sólo “desinformalizaremos” cuando enfrentemos con rigor los factores que nos “informalizaron”. Desde comienzos de los 1990s el país abordó la búsqueda de flexibilización laboral vía costos, y el principal mecanismo para hacerlo fue debilitar la relación laboral asalariada, dado su costo. Empezó así el auge del cuentapropismo, que otros denominan tercerización, y los anglofílicos denominan outsourcing. Nuestros cálculos demuestran que en los últimos cinco años, de cada dos empleos que se generan uno es cuenta propia, pero la probabilidad de que dicho empleo sea informal es del 80%. Creamos más empleo cuenta propia, más subempleo y más informalidad. Todo en aras de bajos costos laborales, competitividad superficial y un eventual empleo en Washington para nuestro policy maker de turno.

La verdad, la argumentación de esta reforma oculta el problema de fondo de la política pública colombiana: su policefalia. Análoga a Cerbero, el infernal perro de tres cabezas, se trata de manejar el objetivo fiscal / monetario, de crecimiento y social de forma simultánea, pero en la práctica supeditando la alimentación de la tercera cabeza a lo que dejen las dos primeras. ¿Al final todas alimentan al mismo perro, no? Sí, diría yo, pero de forma diferente. El gobierno es incapaz de confrontar el peso político del SENA y el ICBF, porque ya sabe que los aprendices y las madres comunitarias también votan. Hoy me entero de que se ha negociado un crédito por U$100’000.000 con el BID, para formación para el trabajo. ¿No es esto lo que se cubre con los parafiscales, lo que pagarán los asalariados? ¿Cuál es el monto de recursos que el SENA y el ICBF tienen invertidos en TES? De nuevo, tristemente, es un manejo alcabalero y sesgado de la cabeza fiscal el que orienta la política económica y social en Colombia.

Por Juan Carlos Guataqui: http://www.urosario.edu.co/Profesores/Listado-de-profesores/G/Guataqui-Juan-Carlos/